El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Consumo, va a investigar a los grandes gestores de pisos turísticos que se hacen pasar por particulares en plataformas con Airbnb. Como destapó El Confidencial en abril, esta es una práctica que ha ganado popularidad en los últimos meses y que desvirtúa el propósito de este tipo de alquileres, concebidos para que las personas rentabilicen sus domicilios cuando no los están utilizando.
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