La Administración se quedaría con la vivienda en caso de impago y las destinaría a la bolsa de demandantes. Con este propuesta, mantiene, se cumpliría el Pacto Andaluz por la Vivienda y la Administración autonómica se quedaría con la vivienda en caso de impago, de modo que podría destinarla a cubrir la demanda actual de vivienda protegida, cifrada en 80.000 personas en Sevilla.
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