Jaime María Febrer, el constructor valenciano al que los investigadores del caso Azud II sitúan como centro de la telaraña de corrupción que supuestamente tejió para obtener favores urbanísticos, principalmente —pero no solo— en el Ayuntamiento de València, gastaba entre 20.000 y 30.000 euros cada Navidad para agasajar a cualquiera que pudiese mediar con éxito en sus pretensiones urbanísticas.
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