Se puede decir más alto, pero no más claro. El TC ha avalado que sean las CCAA, y no la Administración Central, quienes paguen las sanciones que pueda imponer la Unión Europea a España por incumplimiento de los objetivos de déficit derivados de su propia actuación. La sentencia del Alto Tribunal supone el golpe de gracia a la capacidad de las comunidades autónomas para esquivar sin sanciones los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados por la Administración Central, que podrá repercutir en ellas las sanciones de la UE.
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