El Tribunal Constitucional ha anulado el privilegio que tenía la Iglesia para crear universidades sin necesidad de someterse, como el resto de promotores de universidades privadas, a la Ley de Reconocimiento. Así lo dictamina una sentencia publicada ayer que se ha hecho esperar once años y cuyo resultado demuestra la gran división que ha generado en el alto tribunal: hubo empate a seis votos y la balanza la decantó el voto de calidad del presidente, que todavía era el valenciano Pascual Sala.
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