La Junta de Andalucía aprobó la medida en el año 2002 y fue recurrida por el Gobierno de Aznar. El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la Nación contra un precepto del artículo 30.2 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2002 que establecía que no será exigible el requisito de colegiación al personal funcionario, estatutario o laboral de las administraciones públicas de la región para el ejercicio de sus funciones, "o para la
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