La reforma de la Ley de Justicia Gratuita debe conciliar intereses y sensibilidades muy diversos. El Ministerio de Justicia se enfrenta, por un lado, a las comunidades autónomas, que ven cómo cada año se incrementa el coste de este servicio; y, por otro, a los letrados del turno de oficio, que sienten amenazado un sistema que, a su juicio, funciona, y garantiza el derecho de defensa.La fórmula que a los abogados del turno no les gusta es que entren en el cupo grupos como Legálitas con su propia lista de letrados, que supondría la privatización
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