Este decreto destaca por la revocación de una docena de leyes heredadas de las dictaduras que gobernaron a lo largo de la historia argentina. Se trata de leyes que controlaban varios sectores económicos, y ningún presidente anterior se había animado a eliminar estos controles en el mercado. Con esta nueva normativa, se pone fin a más de 50 años de regulación económica, una persistencia que continuó incluso después del retorno a la democracia. Los gobiernos civiles optaron por mantener estas leyes.
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