El Juzgado de lo Social número 3 de Granada ha condenado a la Consejería de Educación por el despido improcedente de dos intérpretes de lengua de signo que demostraron haber sido amenazadas con el despido por denunciar a la administración al entender que estaban siendo "cedidas" de manera ilegal a la empresa concesionaria. Las trabajadoras denuncian que es la misma situación en la que se encuentran "todas las intérpretes del sector educativo en Andalucía".
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