Los magistrados que han confirmado la resolución del juzgado de Primera Instancia número 8 de Vitoria, argumentan que la entidad financiera hizo su recomendación sin haber alertado a tiempo de algo que era público y relevante: la inmobiliaria reconoció haber estado comprando sus propios títulos durante varios meses. En 2007, año en que se produjeron los hechos, las acciones estaban en torno a 20 euros; sin embargo, cayeron a 4 en 2009, cuando los inversores vascos demandaron al banco. Con anterioridad, habían retrocedido hasta 1,5 euros.
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