El Tribunal Supremo considera "coherente" que el Gobierno de Aragón exija a un ciudadano que pague de su bolsillo la atención sanitaria en un centro privado como requisito previo para que las arcas públicas asuman su coste, a pesar de que este deba correr por cuenta de la Administración. La resolución admite que fue trasladada del hospital Clínico al centro privado al existir "riesgo vital" para la paciente y que la sanidad pública incurrió en un peligroso retraso en el diagnóstico.
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