No ha hecho falta esperar mucho. Tan solo que la crisis inmobiliaria empiece a dar muestras de su potencia para triturar empleos. Atrás quedó la voluntad del vicepresidente Solbes de que el sector purgase en solitario sus pecados. El terror se ha adueñado de los responsables públicos. Y las administraciones autonómicas se han embarcado en un proyecto tan ambicioso como polémico: salvar al inmobiliario con fondos públicos.
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