La comunidad de vecinos tenía un pufo en las cuentas: tenían como inquilino a la Junta, y no pagaba desde hacía años. Acabaron recurriendo un abogado que inició un procedimiento judicial contra la propiedad, la Consejería de Obras Públicas y Transportes, para reclamarle 606 euros de deuda. El Juzgado ha accedido a la petición de embargo. Posiblemente este embargo anime a más comunidades de vecinos con las que mantiene impagos la Junta, que dificultan el mantenimiento diario de los inmuebles, a que inicien procedimientos del mismo tipo.
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