Dos días ha tardado el Gobierno de Madrid en mover ficha tras la polémica sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que reconoció, por primera vez en España, el derecho de unos padres a ejercer la objeción de conciencia respecto a la asignatura Educación para la Ciudadanía
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