Tras fracasar el proyecto, el Gobierno autonómico abonó 2,2 millones por adaptar la herramienta desarrollada en Andalucía y ahora destina otros seis para actualizarla. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre pagó mediante su agencia ICM 5,5 millones a Indra, pero Madrid no sancionó a la empresa cuando adujo que no podría cumplir el compromiso.Relacionada:
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