En 2003, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre al frente, daba vida al Plan de Infraestructuras 2004-2007, con el que buscaba construir siete nuevos hospitales públicos pero cuya concesión de la construcción y la gestión de los servicios no sanitarios caía en manos privadas. La Asamblea de Madrid ha concluido que el plan ha traído como resultado “un crecimiento exponencial de la deuda y la implantación de un modelo de contrato pensado en la obtención de beneficios privados contrarios al interés público”.
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