Su gobierno autonómico no ha incluido en el convenio de servicios sociales que establece con los ayuntamientos cada año, la partida presupuestaria para desarrollar la Ley de Dependencia. Los ayuntamientos madrileños no contarán con un presupuesto que les permita poner en marcha la Ley de Dependencia si no es mediante un desembolso extra de dinero.
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