Rosa tiene 71 años y llevaba 20 en su piso de la calle Galileo, en un edificio bien ubicado del centro de la Comunidad de Madrid. En noviembre recibió un burofax y, sin mediar palabra, se le anunció que los propietarios habían vendido los pisos a otro dueño y que este les daba cuatro meses, el plazo legal para abandonar la vivienda. Su sorpresa fue que todos los vecinos habían recibido el mismo mensaje. De la noche a la mañana, veinte familias vieron su futuro torcerse. “Pagaba 700 euros y en enero me iré a Plaza Elíptica por 750 al mes”.
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