Las multas alcanzan los 35 millones de euros a al menos 17 empresas y dos asociaciones de alquiler de automóviles a las que se les atribuye acuerdos para fijar los precios y las condiciones comerciales entre mayo de 2005 y octubre de 2011. Estos acuerdos tuvieron una especial incidencia en las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares.
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