En 2005, el ayuntamiento de San Francisco se gastó un millón doscientos mil dólares en instalar 68 cámaras contra el crimen en zonas especialmente sensibles de la ciudad. La idea era disuadir a los delincuentes de cometer delitos sexuales, robos o asesinatos. Tres años después de su puesta en funcionamiento, las cámaras habían contribuido a un solo arresto. En una ciudad que sufría casi 100 asesinatos cada año. Fue entonces cuando un equipo de la Universidad de Berkeley se preguntó cómo habían afectado esas cámaras a los delitos.
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