El Gobierno está dispuesto a que se controlen parlamentariamente las ayudas, en forma de avales y de compra de activos, a las entidades financieras, que se contienen en los decretos-ley que serán convalidados el lunes de la semana que viene por un importe de 150.000 millones para este año, pero exige garantías de que algunos datos que se analizarán no trascenderán públicamente, porque "podrían poner en peligro el sistema bancario".
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