La familia de Antonio Meño, un joven que lleva 20 años en coma tras someterse a una operación, podría ser deshauciada porque una juez insiste en hacerles pagar las costas de los litigios que se han extendido a lo largo de dos décadas y que ascienden a más de 400.000 euros, pese a que esta magistrada en cuestión "está recusada" y no puede, por ley, intervenir en la causa.
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