Un arreglo judicial acordado esta semana entre los representantes legales de los trabajadores y el gobierno de México, establece que cada uno de los trabajadores que participaron en el Programa de Braceros tienen derecho a recibir hasta US$3.500 en compensación. Los acuerdos entre los dos países establecían que Estados Unidos debía retener el 10% del salario de los trabajadores y mandarle el dinero al gobierno mexicano.
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