La DGA y los partidos cuestionaron la política comercial de la operadora, que calificaron de «perjudicial y antisocial» para los viajeros. Mientras tanto, las asociaciones de consumidores recordaron que no hay una oferta ferroviaria alternativa a la alta velocidad y pusieron en evidencia la contradicción de que el Gobierno promueva el transporte público y al mismo tiempo suprima bonificaciones para su uso.
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