La ReMC considera que, si ese artículo mantiene esta redacción, las emisoras comunitarias serán insostenibles económicamente, ya que con esos máximos se tendrán que pagar las tasas por uso del dial y los derechos de autor al mismo tiempo que queda prohibida la financiación mediante publicidad. Esto, unido a los gastos ordinarios (mantenimiento equipo, estudios, local, personal), hacen que su gestión sea inviable economicamente. Además, estas medidas colisionan con la normativa de las comunidades autónomas e invade sus competencias.
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