El cine español, insaciable, quiere sacar el mayor rédito económico a la Ley General Audiovisual y ha puesto sus ojos en las cadenas públicas. Su última propuesta consiste en que éstas tengan que
destinar el 7% de su presupuesto para financiar sus producciones, frente al 5% que debían invertir hasta ahora y al 6% recogido en el proyecto de ley.
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