En España menos del 1% de las personas con discapacidad tiene estudios universitarios. Esto se debe a factores como la falta de formación del profesorado, la escasez de recursos y la dificultad de comunicación con el entorno así como de acceso a la información. Esta carencia educativa imposibilita que la búsqueda de un empleo se realice en condiciones de igualdad y dificulta todavía más el acceso a un mercado laboral marcado de por sí por prejuicios que se amparan en la normativa.
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