Desde hace unas semanas, se suceden las noticias sobre el cierre de “webs de prostitución” por parte del Ministerio de Consumo que, además, amenaza a sus titulares con la imposición de sanciones pecuniarias que podrían ascender a cientos de miles de euros. Por tan simple vía se terminaría con la previa situación de tolerancia, sin que, paradójicamente, esté claro que se haya producido el cambio jurídico preciso para hacer desaparecer de las redes y, en general, de los medios de comunicación, los anuncios de servicios sexuales a cambio de precio
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