El gobierno chileno se ha rendido a la Sociedad de Derechos de Autor del país (SCD), acordando secretamente la reforma de la ley de Propiedad intelectual, contraria al desarrollo tecnológico del país y a costa de sus ciudadanos. La ministra de Cultura chilena tuvo que reconocer este acuerdo, antes negado, producido a la carta para complacer a la sociedad, que “ve reforzada derechos de autor vetustos y añejos en detrimento de los derechos del público”.
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