El Banco Santander impone a sus trabajador@s la prolongación ilegal de su jornada laboral. Cada año la plantilla es forzada a trabajar un mínimo de 7 millones de horas extraordinarias. El Santander no abona estas horas a los trabajador@s, tampoco se declaran a la Seguridad Social, ni a la Hacienda Pública. Este fraude social supone la destrucción de más de 4.000 puestos de trabajo.
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