A partir del 1 de junio, la nueva ley de certificación energética (RD 235/2013) obliga a todos los propietarios de inmuebles que deseen alquilarlos o venderlos tener en su poder un certificado energético válido y debidamente registrado. De no ser así, el gobierno aplicará sanciones económicas que pueden ir desde los 300 a los 6.000 euros. A dos días de su entrada en vigor, todavía más del 90% de los propietarios, desconocen la obligatoriedad de esta norma.
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