Según este análisis, el Fondo Común Interdiocesano (FCI) se nutre de la asignación de los Presupuestos del Estado y de las aportaciones de las diócesis en una proporción en la que cada vez es mayor el peso de la aportación de las arcas públicas, que supone un 92 % frente al 8% que aportan las diócesis. 5.000 millones es el coste que tiene la educación católica para todos los contribuyentes.
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