En el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se pueden llegar a repartir y autoadjudicar a cargos de confianza y a personal directivo hasta 52.000 euros por persona y año. Estas cantidades, que en estos momentos de fuerte descrédito de los representantes públicos, se podrían calificar de inmorales, se están repartiendo a dedo, sin criterios objetivos y rayando la legalidad vigente.
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