El sindicato CCOO, que denunció ante la Fiscalía Superior de Andalucía que una empresa de telemarketing, con ramificaciones en las provincias de Granada, Jaén y Málaga, había utilizado a discapacitados para el cobro de subvenciones públicas de la Junta de Andalucía, ha cuantificado el posible fraude en un millón de euros y calcula que puede haber más de 150 trabajadores afectados.
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