Medio centenar de empresas de ingeniería catalanas integraron durante años un cártel de espaldas a la Administración que pactó precios en los concursos públicos tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona. Una práctica completamente prohibida tanto por la legislación española como por las normas europeas de competencia. El resultado, según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fue un perjuicio millonario para las arcas públicas que se prolongó al menos entre 2007 y 2011.
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