El Ayuntamiento de Alicante, con 335.000 habitantes, está en la práctica intervenido por el Estado. Con una deuda financiera de unos 233 millones de euros -cantidad que equivale aproximadamente al presupuesto municipal para 2013 (236 millones de euros) que el equipo de gobierno de Sonia Castedo -imputada junto a su predecesor, Luis Díaz Alperi, por presuntas irregularidades urbanísticas en el caso Brugal- aprobaba en solitario a finales del pasado año.
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