Sus funciones son, según la versión oficial, “velar por la seguridad ciudadana y servir de apoyo al insuficiente número de dotaciones policiales”, pero desde su creación han acumulado docenas de denuncias por montajes policiales, redadas raciales, identificaciones arbitrarias, intimidaciones, vejaciones, torturas y malos tratos3. Las víctimas más frecuentes de sus abusos son extranjeros pobres, miembros de movimientos sociales o jóvenes “de marcha” en horario nocturno de fin de semana.
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