España y el país árabe no tienen firmado ningún acuerdo de colaboración judicial, por lo que las autoridades de Doha no están obligadas ni a entregar al yerno del Rey si se negara a comparecer ni a atender los requerimientos de confiscarle sus ingresos para hacer frente a una indemnización. Madrid tendría que recurrir a convenios multilaterales de la ONU y, sobre todo, a la buena voluntad del pequeño estado.
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