El caso de Conrado Hernández, representante en la isla de una sociedad de inversiones del País Vasco y con estrechos vínculos con el ex vicepresidente Carlos Lage y el ex canciller Felipe Pérez Roque, ha sido puesto en manos de uno de los fiscales más temidos de Cuba, el general de brigada Juan Escalona. Escalona logró en 1989 las condenas a muerte por fusilamiento para el general Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia y otros dos militares, en un caso de corrupción y narcotráfico que estremeció los cimientos del régimen cubano.
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