El estado español se ve perjudicado por el caso Egunkaria, ya que con el silencio de su clase política -en la que reside el poder legislativo- legitima esta acción del poder judicial que, vistos los acontecimientos, se puede deducir que actuó más por capricho que por aplicación de alguna Ley. Y esta conclusión la valoro como muy grave: España no garantiza los derechos fundamentales de sus ciudadanos, ya que un juez puede tomar medidas cautelares y pasarse 7 años sin dar una justificación a las mismas.
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