La Casa del Rey contactó en 2007 con el bufete de abogados catalán Bergós para “poner en orden” las actividades de Iñaki Urdangarin, que para entonces facturaba varios millones de euros a Administraciones públicas con sus empresas privadas y con el instituto sin ánimo de lucro que presidía. La Corona pidió al bufete de abogados que estudiara la situación de las actividades del duque y los juristas recomendaron la posibilidad de englobarlas bajo la cobertura de una fundación, al igual que el resto de los miembros de la familia real.
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