La petición cursada por el juez del caso Nóos, José Castro, a la Agencia Tributaria para conocer la evolución del patrimonio de la infanta Cristina con el objetivo de acotar su vínculo con este escándalo de corrupción ha generado un galimatías burocrático que no deja bien parado a nadie, especialmente a Hacienda y a su máximo responsable, Cristóbal Montoro, ausente en la gestión
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