El fiscal pide cinco años para cada uno de los tres acusados de un delito ambiental.Según el ministerio público y tal y como adelantó ayer El Progreso, la explotación prácticamente lo incumplió todo: no respetó los límites establecidos, no instaló balsas de decantación, no construyó las escombreras previstas en la DIA y no levantó el necesario cierre perimetral. Pero, sobre todo, dañó, sin reparar, hábitats protegidos en una zona delicada, de “alto valor paisajístico” e “imposible recuperación del equilibrio ecológico”.
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