Es lógico rechazarlo, pues fue negociado desde 1976 por políticos vinculados a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, hecho al margen de la Constitución, y que cae sobre ella como una pesada losa que se impone sobre toda su legislación y que compromete internacionalmente la voluntad del Estado, generando responsabilidad por su incumplimiento. Los motivos son los siguientes:
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