La decisión del magistrado José Flors también pone al jefe del Consell en un apuro económico, ya que el juez ha ordenado que Camps -al igual que otros dos acusados en la causa de los trajes: el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, y el exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret- deposite una fianza de 55.000 euros. Y a la vista de los problemas de liquidez que se desprenden de la declaración de bienes que presentó en las Corts, el presidente no tiene suficiente para pagar por sus propios medios.
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