La Iglesia católica española mantiene el privilegio de ser financiada con parte de los ingresos que recauda el Estado a través de la declaración anual de la renta por el simple y arbitrario hecho de marcar una casilla (o dos) bajo una falsa máscara de solidaridad, cuando no hay nada menos solidario que detraer parte del dinero que debiera ser destinado a la mejora de la Educación, de la Sanidad, de las pensiones, de la asistencia social, de la cultura y del progreso de nuestro país.
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