La situación se ha repetido en muchas ocasiones en Canarias. El Ayuntamiento de turno concede licencias ilegales para que promotores privados realicen obras que, a pesar del pertinente recurso, se construyen y se finalizan muchas veces cuando la sentencia aún no se ha publicado. Para entonces, la Justicia se encuentra con la disyuntiva de tener que ejecutar la sentencia que anula la obra, y la propia obra ya construida. En muchas ocasiones, un simple cambio de ley, permite que una obra ilegal pase, como por arte de magia, a ser legal.
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