El proyecto de ley introducirá castigos más severos por filtrar secretos nacionales relacionados con la defensa, la diplomacia, la lucha contra el terrorismo y el contraespionaje. El proyecto de ley utiliza una definición de “secreto especial” que es vaga y amplia. Defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos en Japón y en todo el mundo han expresado su fuerte oposición al proyecto de ley. A nivel local, ha puesto el dedo en la llaga de aquellos que fueron los más afectados por el desastre nuclear de Fukushima en marzo de 2011.
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