El Consejo de Ministros del pasado 20 de junio aprobó seis acuerdos por los que autorizaba al Servicio Público de Empleo Estatal a conceder subvenciones por dicho importe para planes de formación destinados, de manera prioritaria, a trabajadores ocupados. 163 millones de euros. Ése es el precio del silencio de UGT y CCOO ante la grave crisis económica que sufre España.
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