Esta organización, que se empezó a investigar en febrero del pasado año, había creado una empresa -que facturaba entre 0,5 y 2 millones de euros al año- que ofrecía de forma insistente a los empresarios una muestra gratuita de sus servicios para reparar y afilar herramientas de corte. Si los empresarios cedían a la insistencia y aceptaban que les realizaran la demostración, luego recibían una llamada telefónica exigiéndoles 6.000 euros por los servicios, bajo la amenaza de que si no pagaban les romperían las piernas, entre otras agresiones
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